El número de asesinadas por violencia machista desde enero de 2023 hasta la fecha asciende a 13, siendo 8 la cifra oficial, que sólo contempla los casos ya investigados y sólo aquellos que recoge la Ley Integral (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). Estos feminicidios, que tanto nos horrorizan, suponen, en la mayoría de los casos, el final irreparable de un proceso de sufrimiento enquistado en el sistema. De 8 a 12 asesinos (uno de los crímenes segó la vida de madre e hija) no surgen de la nada, ni surgen en un par de meses.
La indefensión que sufren las víctimas no se soluciona, a pesar de los pactos contra la violencia de género y machista que los diferentes gobiernos del país, a nivel estatal y autonómico, han firmado con la participación de la sociedad civil, con objetivos y procedimientos bien estructurados, y a los que no hemos dudado en apoyar como Partido. Sin embargo, la realidad nos enseña tozudamente que estamos muy lejos de la solución a esta forma de violencia que, por sus características, queda demasiadas veces amparada por el silencio.
A pesar del verdadero tormento añadido que supone a menudo la denuncia por parte de víctimas o personas próximas a ellas, las cifras oficiales hacen ver que las denuncias aumentan, especialmente la de testigos externos, lo que permite una esperanza. Parte de la sociedad está ya concienciada, es cierto. Pero las mujeres que denuncian se encuentran todavía con la enorme tarea de convencer, simplemente para ser escuchadas. Gracias a la indignación pública y a las acciones de colectivos feministas, se va afianzando temas hasta hace poco obviados, y se han negado custodias a padres maltratadores, según los datos oficiales; se han habilitado albergues temporales, se hacen campañas de concienciación. Pero la denuncia sigue suponiendo el miedo, la vergüenza y la desesperación para demasiadas mujeres, siendo habitual que sean ellas quienes sean expulsadas de su hogar, y quienes son monitorizadas por la policía, mientras los maltratadores, en algunos casos, se hacen con el dominio del domicilio familiar, incluso después de haber sido condenados formalmente.
Es necesaria una dotación de recursos que no se limite a lo urgente, separar a las víctimas de sus maltratadores con un protocolo suficiente de peligrosidad, que sea valorado por personal debidamente formado en la tipología específica de estos delitos.
Necesitamos además dotaciones presupuestarias suficientes para apartar a los maltratadores de sus víctimas, para formar al personal necesario para atender a las víctimas sin que sufran una nueva victimización, desde que se presenta una denuncia hasta que el caso es visto en sede judicial; necesitamos suficientes recursos para atajar la violencia machista en el momento en que sea detectada, y para ello, formar a docentes y personal en contacto con la población más joven; es necesario que una víctima, haya denunciado o no formalmente, sea acogida por profesionales que la escuchen y le ofrezcan solución a su sufrimiento.
Además de las asociaciones y colectivos de mujeres que actúan en apoyo de las víctimas, quienes en muchos casos necesitan de un seguimiento y ayuda para conseguir un trabajo y una vida digna, nos encontramos, que nuestros gobiernos han optado por la iniciativa privada. Sin menoscabo de las buenas profesionales subcontratadas, somos conscientes de que temas tan sensibles y que necesitan de permanencia de los servicios en el tiempo, deben situarse en la esfera de los servicios públicos. Es la única forma de garantizar la calidad de dichos servicios, comenzando por sus objetivos, pues la empresa privada está llamada a fines de rentabilidad económica que no coinciden con el servicio público, cuya rentabilidad reside en su eficiencia, además de que la contratación de estos servicios supone, a largo plazo, un gasto mayor; servicios que deben ser, repetimos, permanentes.
Resolución del Comité Nacional del PCPV del 11 de febrero de 2023