El Decreto aprobado por Presidencia de la Generalitat supone un paso atrás en la laicidad de las instituciones asumiendo económicamente los escandalosos privilegios de una entidad privada como es la Iglesia católica

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado un decreto por el cual se crea una comisión adscrita a la Presidencia de la Generalitat Valenciana y que estará compuesta a partes iguales por el Gobierno autonómico y la Iglesia católica. Con esta comisión de colaboración se refuerzan los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 incorporando la interlocución del Gobierno autonómico para las competencias transferidas pero sin poner en cuestión los escandalosos privilegios que ostenta esta corporación religiosa.

El Partit Comunista del País Valencià (PCPV) denuncia que, lejos de avanzar en la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que dan continuidad al Concordato entre España y el Vaticano de 1953, este nuevo paso dado por el presidente Ximo Puig se distancia gravemente de cualquier tipo de política que defienda la igualdad y la justicia social. Desde el PCPV señalamos que un acuerdo de colaboración de este tipo no hace más que reforzar la inmoralidad de los grandes privilegios de los que goza una entidad privada como es la Iglesia católica.

En lugar de forzar a la Iglesia católica a devolver los bienes apropiados a través de las inmatriculaciones, lo que está haciendo el Gobierno del Botànic con una acción como ésta es legitimar esos privilegios privados asumiendo además el pago de los mismos con dinero público. De hecho, esta comisión, que estará presidida por Ximo Puig, determinará qué privilegios serán asumidos económicamente por la Generalitat en lugar de por el Gobierno central.

Desde el PCPV instamos por tanto a que el Gobierno autonómico dé un giro de 180 grados en esta cuestión, que apueste realmente por la laicidad y la defensa de la libertad de conciencia, que denuncie los vergonzantes privilegios de los que la Iglesia se apropió gracias a la dictadura nacional católica de Franco y que exija al Gobierno central la derogación de los acuerdos con la Iglesia.