Desde el Partit Comunista del País Valencià (PCPV) levantamos la voz para denunciar el estado de abandono que sufre el sistema de emergencias en nuestra tierra. Lo que estamos viviendo no es casualidad, sino el resultado de décadas de recortes, desidia política y una gestión irresponsable que prioriza los números rojos sobre las vidas humanas y el medio ambiente. 

El cierre temporal del parque de bomberos de Ontinyent y la situación crítica en Xàtiva son solo la punta del iceberg de un sistema que lleva años mostrando síntomas de agotamiento. En plena ola de calor, con los montes convertidos en polvorines y las carreteras saturadas de vehículos, las bases comarcales se ven obligadas a funcionar con plantillas mínimas y medios insuficientes. No hablamos de cifras abstractas, sino de realidades concretas que ponen en peligro a miles de personas cada día.

La memoria de la DANA de hace unos meses debería servir como advertencia. Aquella tragedia dejó claro que nuestra tierra no está preparada para hacer frente a emergencias de gran escala. Sin embargo, tras el luto llegó el olvido. Los protocolos de prevención prometidos nunca se materializaron, los fondos extraordinarios se esfumaron en el laberinto burocrático y las plantillas siguen siendo las mismas que hace cuarenta años, aunque la población haya crecido exponencialmente y los riesgos se hayan multiplicado.
Frente a esta situación, desde el PCPV exigimos un cambio radical de rumbo. No valen parches ni soluciones temporales. Necesitamos un plan integral que refuerce las plantillas, modernice los equipos y adapte los servicios a los nuevos desafíos climáticos. Esto pasa por garantizar una financiación estable, romper con la lógica de los recortes y poner los recursos necesarios para proteger a la población.

Pero más allá de las medidas concretas, lo que está en juego es un modelo de sociedad. Mientras las administraciones siguen mirando hacia otro lado, son los trabajadores de emergencias quienes cargan sobre sus hombros las consecuencias de esta desidia, trabajando en condiciones precarias y asumiendo riesgos que podrían evitarse. Y es la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales, quien paga las consecuencias de esta desprotección.

Desde el PCPV llamamos a la movilización social para exigir servicios públicos de emergencia dignos. No podemos permitir que la seguridad de las personas valencianas dependa de la improvisación y la buena voluntad de unos profesionales a los que se les exige todo mientras se les da cada vez menos. La protección civil debe ser una prioridad política real, no un eslogan vacío que solo resurge cuando la tragedia llama a la puerta.