El Partit Comunista del País Valencià, PCPV, ante el alarmante incremento de lanzamientos y situaciones de acoso inmobiliario en el País Valencià, exige políticas públicas de vivienda que incluyan de forma explícita la prohibición de desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de entidades bancarias y fondos buitre, el alquiler social obligatorio, la regulación del precio y soluciones inmediatas por parte de los Ayuntamientos y de la Generalitat Valenciana a la emergencia habitacional en la que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad.

El PCPV, en línea con las demandas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH PV) y activistas de movimientos sociales y vecinales, reconoce las iniciativas puestas en marcha por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, entre las que destaca el recientemente aprobado Decreto Ley 3/2023, de 17 de febrero, y la ampliación del parque público valenciano con 500 viviendas de la SAREB (en este último año se ha incrementado hasta las 1.262), aunque las considera insuficientes para garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna y la lucha contra el abuso inmobiliario.

La formación comunista reitera su compromiso con la iniciativa legislativa popular por una Ley de Vivienda digna y exige que la Ley de Vivienda estatal recoja la paralización de los desahucios, que contemple el alquiler social obligatorio, que regule el precio del alquiler, que transforme la SAREB en un parque público de viviendas, que garantice los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, que se establezca la segunda oportunidad para mantener una vivienda habitual que incluya a los avalistas y que la vivienda deje de ser un producto de mercado para ser un derecho social básico.

Decenas de familias desahuciadas en 2023 en Alicante y València

En el País Valencià hay 13.400 demandas de vivienda pública y el número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, alcanzaron en 2022 a 3.894 familias: en el primer trimestre a 1.042; a 1.043 familias en el segundo trimestre; a 973 en el tercero y 840 en el cuarto, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cifras que, en 2023, se han incrementado derivado del impago de alquileres e hipotecas o la finalización de contratos de arrendamiento. Se trata de situaciones, a juicio del PCPV, que demuestran la inoperancia de medidas aisladas como la ampliación del periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables hasta el 30 de junio de 2023, aprobada en el RD 20/2022, al carecer del acompañamiento de políticas públicas de viviendas.

En el último trimestre de 2022, los desahucios se dispararon un 40% en el País Valencià, según los datos del CGPJ. Una situación –señala el Partit Comunista del País Valencià–, que se vive con especial preocupación en Alicante en donde, en los dos primeros meses de 2023, los tribunales han ordenado ocho lanzamientos de familias vulnerables de pisos propiedad de fondos buitre y entidades financieras y que, en su mayoría, han sido paralizados por la movilización vecinal y la intervención de la Unitat d'Ajuda davant Desnonaments (UAD), de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana: en enero, la SAREB trató de desahuciar a tres familias de un bloque del número 8 de la calle Elda; el 8 de febrero el fondo buitre, Global Licata, S.A., lo intentó con Jan, su mujer y sus dos hijos; el 20 de febrero, Ticatana Servicios Empresariales S.L con Rafael, María y sus tres hijos; dos días más tarde, el 22 de febrero, el BBVA, lo intentó con Antonio y su familia y el 24 del mes pasado, Colba Directorship S.L., hizo lo propio con Zulhika y sus tres hijos.  

El lanzamiento de María, una pensionista y su hijo, con una discapacidad psíquica e informes de vulnerabilidad reconocidos, no se pudo parar y fueron desahuciados de su vivienda del barrio de Carolinas de Alicante, por el fondo buitre Majoro Reo Spain II, S.L., el pasado 1 de febrero. La Conselleria de Vivienda ha cedido un piso en régimen de alquiler asequible durante un mínimo de siete años, prorrogables tres más, tras recibir el decreto de emergencia habitacional del  Ayuntamiento de Alicante, que ha tardado más de tres semanas en firmarlo. Una dilación en la elaboración de los decretos de emergencia habitacional que desde el PCPV, denuncian, consiste en una práctica “habitual”  del ejecutivo municipal alicantino en manos de PP y Cs.

A esto hay que sumar decenas de casos de desahucios y acoso inmobiliario en València que denuncia también el PCPV, como el que tuvo lugar en octubre de 2022, cuando una familia de refugiados con dos menores de 4 y 7 años fue desalojada de una vivienda vacía del barrio de Malilla; el que se produjo en Cullera, en febrero, cuando una jubilada encontró su vivienda cerrada por orden judicial, a petición de Cerberus Capital Management, de Global Pantelaria, después de que pasara unos días con su hijo tras quedarse viuda o el intento de desahucio de siete familias alquiladas en Cabanes, Castellón, de pisos propiedad de la SAREB, en junio de 2022. Situaciones dramáticas a las que hay que añadir la de varias familias en València, las que, pese a tener una orden de paralización de desahucio por discapacidad, una, y un alquiler social,  la segunda, viven hostigadas por una empresa de desokupación y acosadores anónimos.

Desde el PCPV, que reconoce los avances en materia de vivienda incluidos en las medidas implementadas en el Decreto Ley/ 3/2023, de 17 de febrero, se solicita celeridad en la aplicación de la regulación de los grandes tenedores de vivienda y las medidas de cesión de uso y expropiación; en la puesta en marcha de medidas de protección frente al acoso inmobiliario y frente a la discriminación en el acceso a la vivienda y en la implementación de medidas dirigidas a frenar el trato preferencial en la fiscalidad de los fondos buitre y Socimis y a impedir la concentración de propiedad inmobiliaria.

Para el PCPV, la función social de la propiedad de la vivienda debe prevalecer cuando hay millones de viviendas vacías y cientos de miles de familias tienen dificultades para tener una vivienda digna o directamente no la tienen, por lo que a las medidas urgentes del Botànic, el Partit Comunista del País Valencià exige, ante un rescate impagado de 48 mil millones de euros, la compra a precio simbólico de todos los activos de la SAREB –más de 31.000, entre viviendas, solares y trasteros en la Comunitat, según la PAH–, para implementar un mecanismo claro de Alquiler Social Obligatorio.