El PCPV quiere poner en valor el trabajo que durante varios años han llevado a cabo camaradas y compañeros/as en Alicante contra la corrupción y que ha cristalizado ahora en la confesión del empresario Enrique Ortiz ante la Fiscalía. De esta manera, Ortiz ha tenido que aceptar el grueso de la acusación efectuada en su día por EUPV Alacant asumiendo que negoció el Plan General de Ordenación Urbana a cambio de cuantiosas contraprestaciones a cargos del Partido Popular.
En este sentido, el PCPV reconoce especialmente la incansable labor realizada por el exconcejal de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, así como por el abogado José Luis Romero. Ambos camaradas han desarrollado un trabajo fundamental en el ámbito político y judicial, respectivamente, que ha resultado decisivo para que finalmente se haya demostrado la veracidad de la denuncia presentada a través de EUPV, que se personó como acusación popular.
El secretario general del Partit Comunista, Javier Parra, ha querido mostrar “todo el agradecimiento y reconocimiento del PCPV a los compañeros y camaradas de Alicante en la batalla que durante muchos años han librado contra el saqueo de las arcas públicas por parte del Partido Popular”. Además, ha hecho una especial mención al trabajo incansable de Miguel Ángel Pavón y José Luís Romero en la lucha contra la corrupción. Para Parra, ”aunque la victoria no es tan justa como debería, deja en evidencia una vez más al gobierno del PP en Alicante y al entramado que lo rodea, en este caso en la figura de Enrique Ortiz”.
Desde el Área Institucional del PCPV, su responsable Roser Maestro ha recordado que “el trabajo de nuestros cargos públicos, a todos los niveles institucionales, siempre se ha caracterizado por la transparencia y por la lucha contra la corrupción. Éste es un ejemplo más en el que los hechos vuelven a darnos la razón. Seguiremos siempre en esta lucha que forma parte de nuestro ADN y nunca permitiremos la malversación de caudales públicos, que acaba afectando a toda la ciudadanía y, precisamente, en detrimento de todas las políticas sociales nítidamente de izquierdas por las que siempre hemos trabajado”.
En el caso de Alicante, fue en diciembre de 2010 cuando EUPV presentó una querella contra los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el constructor Enrique Ortiz por varios delitos que ahora se confirman: cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. La acusación se mantuvo hasta el final, mientras se continuaba denunciando desde el grupo municipal la corrupción del urbanismo de la ciudad por parte del PP, consiguiendo que Sonia Castedo finalmente dimitiera y que se desistiera de la tramitación de un plan bajo sospecha. En la siguiente legislatura, ya desde el gobierno, se consiguió que el Ayuntamiento se personara como acusación particular para defender el interés general. Ahora, se ha conseguido que el Ayuntamiento recupere el dinero gastado en la elaboración del PGOU durante los últimos años.
