Desde que en 1969 se acordara la adjudicación de la prestación del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús en la ciudad de Alicante, por el extraordinario plazo de cincuenta años, el servicio y la prestación ha venido arrastrando déficits, no solo en el marco financiero y presupuestario, sino también en relación a la calidad del servicio y en la satisfacción de la demanda vecinal y social. El acuerdo del Pleno del 27 de febrero de 2020, en el que Partido Popular, Ciudadanos y Vox aprovecharon su mayoría absoluta para determinar la forma de gestión indirecta privatizada para este servicio público, no es sino la consecuencia de la imposición de un modelo de gestión, sin un debate profundo, popular, desde la base vecinal y social, en una cuestión de tanta envergadura, sin previamente decidir el proyecto que se quiere para la ciudad y las clases populares.
Dado el carácter vertebrador que representa el servicio público de transporte y movilidad, es inevitable que los abajo firmantes recordemos que el transporte público es un elemento socializador para la clase trabajadora y sus familias. Basta con analizar los resultados del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de diciembre de 2013 en donde se reseñaba la importancia del nivel diario de la demanda los días laborables, donde se producen 1,6 veces más desplazamientos en autobús que los sábados, y 2,7 veces más que los días festivos. Del mismo modo, la importancia de la motivación de los desplazamientos en transporte público, donde el motivo estrictamente laboral, acudir a tu puesto de trabajo y volver a tu hogar, acapara casi 1 de cada 3 causas.
Además, el sector del transporte es uno de los principales contribuyentes al cambio climático mediante la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación de la calidad del aire. La planificación del transporte público, como servicio esencial para el desarrollo de la actividad de la ciudadanía, debe garantizar un servicio basado en objetivos sociales y ambientales frente a los meramente económicos, organizando un sistema de transporte metropolitano donde prevalezcan los objetivos de calidad del servicio frente a los beneficios empresariales. Y esto sólo se puede lograr mediante fórmulas de gestión pública directa.
Nos oponemos a unas políticas que convierten los derechos y su articulación práctica, los servicios públicos, en un negocio para enriquecerse. Dado el aparente carácter estructural del déficit que arrastra este servicio público en su espectro privatizado, que es el único que conocemos en Alicante, no atiende a razón ni a principios de economía y eficiencia que se siga manteniendo un sistema de gestión indirecta que, por un lado, bebe de las compensaciones deficitarias, de explotación y tarifaria, que se extraen de la hacienda municipal, mientras que por otro lado, mantiene y garantiza un beneficio industrial y una compensación máxima al operador privado.
Por todo ello, somos abiertamente partidarios de establecer la gestión pública directa del servicio de transporte colectivo de personas. Somos defensores de la gestión pública de los derechos y los servicios, mediante la utilización del instrumento jurídico-económico que supone el presupuesto municipal. Somos partidarios de alejar de nuestra hacienda local a empresas privadas cuyo único objetivo, natural y esencial para su supervivencia, es obtener un beneficio económico que nunca se acaba trasladando a la fuerza productiva, la clase obrera empleada, y menos aún, repercute en la satisfacción del interés general. En este sentido, denunciamos pública y políticamente el acuerdo plenario de febrero de 2020 en el que se cerró discretamente la puerta a una gestión pública del servicio, primando y predeterminando que éste sea exclusivamente para la explotación privada y abogamos por la municipalización del servicio público de transporte urbano colectivo.
